La Haya, 30 de abril de 2024 – Comienzo en la explanada de la Corte Internacional de Justicia, escoltado por un guardia uniformado con emblemas de la ONU quien me conduce junto con treinta personas a las galerías públicas del Palacio de la Paz.

Me acompañan unos cinco turistas y una docena de estudiantes mexicanos, ecuatorianos y colombianos. Nos acomodan en nuestros asientos dentro del recinto donde sesiona la Corte, que escuchará los primeros alegatos de México en su caso contra Ecuador.

Llegamos temprano—casi 45 minutos antes de la audiencia—pero miembros de la delegación mexicana ya están presentes.

Desde mi perchero, ubico a Alejandro Celorio Alcántara, Consultor Jurídico de la Cancillería mexicana, en plática amena con la Embajadora Carmen Moreno Toscano, representante de México ante Países Bajos. Están frente al podio que ocuparán los quince jueces, junto a la mesa reservada para los demandantes.

La mesa de Ecuador, todavía vacía.

El equipo de México está compuesto exclusivamente de funcionarias y servidores públicos del Servicio Exterior Mexicano. Todos son abogados internacionalistas con probada experiencia académica y profesional.

Conforme ocupan sus lugares, noto que los representantes de México se desenvuelven de manera natural y sin complejos: relajados, metódicos y enfocados en su trabajo. Papeleo por aquí. Una relectura por allá. Nada de selfies ni chistoretes. Profesionalismo puro.

Caigo en cuenta de estar presenciando la experiencia acumulada del cuerpo diplomático mexicano: individuos acostumbrados a tener presencia en foros internacionales que intimidarían a gobernadores y uno que otro mandatario.

Para quienes observamos a la Corte de cerca, el contingente mexicano sorprende por no contar con ningún abogado de los bufetes extranjeros que normalmente aparecen ante esta jurisdicción.

Nota al margen—aunque la Corte Internacional de Justicia tiene vocación universal, pocos son los juristas que lideran casos ante esta augusta institución. Como en toda corte, hay abogados especializados que ofrecen sus servicios a la clientela frecuente. Algunos cobran una millonada.

Pero México, potencia regional y referente en derecho internacional, se presenta con sus propios elementos. Un contundente mensaje para quienes están acostumbrados a litigar (y cobrar) en esta sala: nadie es indispensable.

Faltan cinco minutos para comenzar, y en lugar de apreciar el arte del recinto, me distraigo viendo a las delegaciones. Su vestimenta, por ejemplo (a veces soy fijado).

Ya llegaron los representantes de Ecuador, y algunos traen togas universitarias. Otro porta una peluca blanca de barrister—deberá ser un abogado británico, contratado para la ocasión. Del lado opuesto, noto que los varones del equipo mexicano visten corbatas color verde patrio. No le atiné: la mía es roja.

Son las diez de la mañana en punto y los quince jueces desfilan frente a las delegaciones, toman asiento y comienza la sesión. Preside el Juez Nawaf Salam, ciudadano libanés quien ejerce funciones en esta jurisdicción desde 2018. Lo acompañan sus catorce colegas de diferentes países.

También presente, el Juez Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, ciudadano mexicano y ex-miembro del Servicio Exterior Mexicano, quien tomó protesta como miembro de esta Corte en febrero pasado. Apunto que Gómez Robledo no representa a México en este cuerpo colegiado y lo conforma a título individual. Éste es uno de sus primeros casos.

Como es costumbre, México abre los alegatos con su representante ante Países Bajos, la Embajadora Moreno Toscano. Un discurso acertado y puntual, poniéndose a la disposición de la Corte para facilitar el proceso. México tiene dos horas para presentar sus argumentos y la Embajadora no desperdicia un solo minuto.

Toca el turno al Consultor Celorio Alcántara presentar el contexto de la demanda. Ante todo, subraya la violenta y flagrante incursión de Ecuador en la Embajada mexicana: deben haber consecuencias. Con un manejo técnico y terminológico impecables, reitera los petitorios de México alegando que Ecuador debe:

1. garantizar la plena protección y seguridad de la sede diplomática, sus bienes y archivos;

2. permitir al Gobierno mexicano desalojar los locales diplomáticos;

3. no actuar en prejuicio de los derechos de México durante el proceso, y;

4. abstenerse de cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar el litigio.

Los jueces reconocen este lenguaje preciso y económico: después de todo, está plasmando en su jurisprudencia y grabado en las memorias de todos quienes trabajamos en el gremio—visible o invisible—del derecho internacional.

Celorio cumple: ya tenemos una idea clara y precisa de lo que viene.

Pocas audiencias en esta sala tienen momentos dramáticos, pero hoy tuvimos dos. La primera, a cargo de Alfredo Uriel Pérez Manríquez, Director para Tribunales y Organizaciones Internacionales y Maestro en Derecho Internacional por el prestigioso Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, Suiza. Su encomienda: el recuento de los hechos.

Quince agentes de fuerzas especiales ecuatorianas irrumpieron en la Embajada, nos dice, la noche del 5 de abril de 2024. Increíble, pienso, que a menos de un mes de acaecidos esos hechos lamentables, nos encontremos aquí en La Haya ante la justicia internacional. México está dando un ejemplo.

La intervención de Pérez Manríquez comprende la proyección de un video en donde figuran las autoridades ecuatorianas violentando flagrantemente la Embajada de México. La sala cuenta con pantallas gigantes. Contemplo las reacciones de los jueces y constato que son seres humanos de carne y hueso, como tú y yo. Menos mal.

Segundo momento dramático: la presentación sobre jurisdicción de Liliana Oliva Bernal, Primera Secretaria adscrita a la Embajada de México en Austria. Todo país ante la Corte debe justificar su proceder con base en tratados internacionales y Oliva Bernal tiene que demostrar que México tiene derecho a presentarse ante este tribunal con base en acuerdos preexistentes.

Segura y confiada, pero sin aire arrogante, Oliva Bernal toma el podio y arranca su presentación en francés. Pero no cualquier francés: se dirige a su audiencia en un acento impecable y académico en el mejor sentido de la palabra. Sus pausas declamatorias y terminaciones acentuadas enaltecen la sustancia de sus dichos. Estamos ante un gran ejercicio de síntesis entre poesía y exactitud que caracteriza la lengua de Olympe de Gouges.

No está de más: los dos idiomas oficiales de la Corte son el inglés y el francés. En efecto, muchos jueces en esta jursdicción tienen competencias bilingües y comparten afinidades con el modo de argumentación francófono y sus particularidades. Aquí, México tampoco decepciona.

Una parte importante de cualquier audiencia sobre medidas provisionales en la Corte es indicar cuáles son las normas internacionales que se busca resguardar. Fadia Ibrahim Nader, Directora de Litigios, asegura este apartado con un repaso artículo por artículo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Alegato necesario para enganchar los petitorios.

Finalmente, México tiene que comprobar la existencia de un riesgo latente que justifique la concesión de medidas cautelares por parte de la Corte. El argumento corre a cargo del Consultor Jurídico Adjunto Miguel Ángel Reyes Moncayo. En un recuento metódico y certero, escuchamos la acreditación de un riesgo de daño irreparable a la Embajada y sus bienes, ya sean materiales o digitales. Ante ello, la Corte debe indicar medidas cautelares.

La delegación mexicana cierra sus presentaciones con un discurso de Alejandro Celorio recapitulando los petitorios y recordando la desvergüenza de las autoridades ecuatorianas en el desafortunado incidente que nos reúne hoy día.

El Presidente Salam cierra la sesión. En menos de cinco minutos ya estoy afuera, en el sol de mediodía. El día apenas comienza, y también la demanda.

Me voy tranquilo. México está preparado.

*Investigador Senior, Instituto Asser para el Derecho Internacional y Europeo, La Haya, e Investigador Nacional Nivel I por el CONAHCYT (México).